En un contexto de creciente escasez hídrica, el agua se ha convertido en un recurso cada vez más preciado y, por ende, es esencial que se reconozca como un derecho humano inalienable. A pesar de esta importancia, su acceso en el ámbito laboral sigue siendo un tema que no está completamente garantizado por las leyes en muchos países, especialmente en el sector privado. Mientras que los trabajadores del campo, en muchos casos, tienen garantizado el acceso al agua potable durante su jornada, para otros empleados, esta prestación no siempre es una obligación de los empleadores.
El reconocimiento del derecho al agua potable en el trabajo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha subrayado la necesidad de garantizar que los trabajadores tengan acceso a agua potable en su jornada laboral, un derecho que forma parte de las condiciones laborales saludables y seguras. Sin embargo, la implementación de este derecho varía considerablemente entre países, incluso en aquellos que han ratificado el Convenio 120 de la OIT, que establece la necesidad de contar con un ambiente laboral seguro, donde el acceso al agua es parte fundamental.
En el caso de México, pese a haber ratificado el mencionado convenio en 1968, este derecho solo se contempla de manera explícita en la Ley Federal del Trabajo (LFT) para los trabajadores del campo, dejando fuera al resto de los trabajadores del sector privado y público. Para subsanar esta omisión, se ha impulsado la iniciativa de la Ley Vaso de Agua, una propuesta en el Senado que busca extender este derecho a todos los trabajadores, sin importar su sector de actividad.

Avances en América Latina: Casos de Chile y Brasil
En América Latina, algunos países han dado pasos significativos al reconocer explícitamente el acceso al agua potable como un derecho laboral. Uno de los ejemplos más claros es Chile, donde la normativa laboral es muy precisa en cuanto a la provisión de agua potable a los trabajadores. De acuerdo con la Norma de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Decreto Supremo 594, artículo 12), todos los lugares de trabajo deben contar con instalaciones adecuadas que garanticen el acceso al agua potable para consumo humano y necesidades básicas de higiene. Además, si el lugar de trabajo tiene un sistema propio de abastecimiento de agua, debe mantener una dotación mínima de 100 litros por persona y por día.
Brasil también ha adoptado una legislación similar en su Norma 24 (NR-24), que establece que los lugares de trabajo deben disponer de agua potable a través de bebederos o equipos similares, asegurando que los trabajadores puedan acceder a agua durante toda su jornada laboral. Este tipo de legislación subraya la importancia de la hidratación y la prevención de enfermedades asociadas con la deshidratación o el calor, especialmente en condiciones laborales difíciles.
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La Importancia de proteger este derecho
El acceso al agua potable en el lugar de trabajo no es solo una cuestión de bienestar, sino también de salud y seguridad. La hidratación es esencial para evitar problemas de salud como la deshidratación, los golpes de calor y otros trastornos relacionados con las altas temperaturas. La falta de acceso a agua potable también puede contribuir a la propagación de enfermedades relacionadas con la higiene y la seguridad laboral.
Además, garantizar el acceso al agua potable en el trabajo tiene un impacto directo en la productividad de los trabajadores. Cuando los empleados están bien hidratados, su rendimiento es más eficiente, su capacidad de concentración aumenta, y se reduce la probabilidad de ausencias por problemas de salud.

El futuro del derecho al agua en el trabajo
A medida que el cambio climático y la escasez de recursos hídricos continúan siendo desafíos globales, es esencial que más países reconozcan y legislen sobre el derecho de los trabajadores a tener acceso a agua potable durante su jornada laboral. Iniciativas como la Ley Vaso de Agua en México son un ejemplo de cómo se puede avanzar hacia la universalización de este derecho fundamental.
El reto no solo radica en legislar, sino también en garantizar que estas leyes sean implementadas de manera efectiva. Esto implica la creación de mecanismos de monitoreo y sanciones para los empleadores que no cumplan con estas normativas. Solo a través de un compromiso firme de los gobiernos y empleadores, los trabajadores podrán gozar de un entorno laboral que no solo sea seguro, sino también saludable y justo.