El Congreso de Yucatán se convirtió en el escenario de un intenso debate al recibir dos iniciativas que buscan la despenalización del aborto en la entidad. Presentadas por las diputadas Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, y Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, estas propuestas despertaron la discusión pública sobre los derechos reproductivos de las mujeres yucatecas.
Las iniciativas, denominadas “Derecho a decidir de la Mujer” y “Autonomía Reproductiva”, fueron turnadas a las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, Salud, e Igualdad de Género para su análisis. Aún no se han establecido fechas para su discusión y se anticipa que el proceso podría extenderse hasta junio, considerando la posible realización de foros y consultas con expertos para enriquecer el debate legislativo.
La presentación de estas propuestas ha generado descontento entre colectivos antiabortistas. Manifestantes se congregaron a las puertas del recinto legislativo, exigiendo el rechazo de las iniciativas. Alejandra Yáñez Rubio, del colectivo Conciencia y Derechos Humanos, expresó su preocupación afirmando que las propuestas permitirían el aborto hasta los nueve meses de gestación, lo cual consideran inaceptable.
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Defensores de los derechos reproductivos argumentan que la despenalización del aborto es un paso necesario para garantizar la salud y autonomía de las mujeres. Señalan que la criminalización actual obliga a muchas a recurrir a procedimientos inseguros, poniendo en riesgo sus vidas. Recordaron que en agosto de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de Yucatán derogar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, sentando un precedente legal significativo.
¿Cuál es el estado actual de la despenalización del aborto en México?
A nivel nacional, la despenalización del aborto ha avanzado de manera desigual. En septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal, obligando a las instituciones de salud pública a ofrecer este servicio y protegiendo al personal médico de posibles sanciones. No obstante, hasta enero de 2025, 11 de los 32 estados del país aún no reconocen plenamente este derecho, entre ellos Yucatán. La implementación efectiva de la despenalización depende de las legislaturas estatales, lo que ha generado un mosaico legal en el territorio nacional.
En este contexto, la discusión en el Congreso de Yucatán adquiere relevancia, ya que su decisión podría alinear la legislación estatal con los criterios establecidos por la Suprema Corte y garantizar el acceso seguro y legal al aborto para las mujeres en la entidad. Mientras tanto, organizaciones y colectivos de ambos lados del debate continúan movilizándose, buscando influir en el proceso legislativo y en la opinión pública.
