Congreso de Yucatán aprueba paquete fiscal 2025 con reemplacamiento vehicular

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El Congreso de Yucatán, liderado por una mayoría morenista, aprobó el paquete fiscal 2025 enviado por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Este paquete incluye el polémico reemplacamiento vehicular con un costo total de 2,118 pesos por unidad, generando un intenso debate entre las bancadas de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano.

Durante la sesión, el diputado morenista Alejandro Cuevas Mena defendió la propuesta asegurando que “no se crearon nuevos impuestos ni se incrementaron los existentes”. Atribuyó las críticas de la oposición a una supuesta revancha política por la modificación de las tablas de valores del impuesto predial, que habría impactado al ayuntamiento de Mérida, gobernado por el PAN.

Por su parte, María Esther Magadán Alonzo, también diputada de Morena, sostuvo que el reemplacamiento vehicular es esencial para actualizar el padrón vehicular, fortaleciendo la seguridad pública. “Con la seguridad no se juega”, enfatizó en respuesta a las críticas panistas.

Argumentos de la oposición: costo adicional y deuda pública en el Congreso de Yucatán 

La bancada del PAN, encabezada por Roger Torres Peniche, cuestionó los supuestos beneficios de la medida. Argumentó que el proceso incluye un impuesto adicional de 353 pesos destinado a obras y asistencia social, lo que contradice la afirmación de que no se generan nuevas contribuciones. “El fin es recaudar dinero, no reforzar la seguridad pública”, señaló Torres.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Osante Solís, criticó el incremento de la deuda pública en los primeros meses del gobierno morenista, que pasó de 7,400 a 10,500 millones de pesos. Este aumento incluye un préstamo de corto plazo por 1,500 millones de pesos. “Hay un doble discurso en Morena; antes cuestionaban el endeudamiento, ahora lo promueven”, recalcó Osante.

El paquete fiscal 2025, aprobado en un contexto de confrontación política, genera incertidumbre entre los sectores empresariales y ciudadanos, quienes cuestionan la carga fiscal y el destino de los recursos recaudados.

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