La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, reafirmó su compromiso con la igualdad de género y la protección de los derechos humanos al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán. Esta propuesta busca extender la Ley 3 de 3 a los 105 municipios del estado, un paso crucial para garantizar que personas con antecedentes de violencia de género o deudas alimentarias no puedan ocupar cargos públicos.
El compromiso de Cecilia Patrón con la igualdad de género
Durante la presentación de su propuesta, la alcaldesa destacó su dedicación personal y política hacia la lucha por la igualdad de género y la protección de los derechos humanos.
“De mujer a mujer, mi compromiso con la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz es prioridad”, expresó Patrón Laviada, subrayando la importancia de crear un entorno libre de violencia y discriminación en todos los niveles de la administración pública.
La reforma que propone Patrón Laviada busca garantizar que, a nivel municipal, se respete la Ley 3 de 3, una legislación que prohíbe que las personas con antecedentes de violencia de género o deudas alimentarias sean designadas para ocupar cargos públicos, fortaleciendo la lucha contra la violencia hacia las mujeres y asegurando que quienes estén en posiciones de poder cumplan con sus responsabilidades familiares y sociales.
El proceso de reforma y su impacto en Yucatán
La iniciativa que presentó la alcaldesa la evaluará la Comisión Permanente de Gobierno del Ayuntamiento, quien se encargará de emitir un dictamen al respecto. Este dictamen lo presentaran ante el Cabildo de Mérida para su aprobación y posterior envío al Congreso del Estado. La reforma propuesta tiene como objetivo reforzar las regulaciones existentes, estableciendo mecanismos más estrictos para evitar que personas con antecedentes de violencia de género o deudas alimentarias morosas puedan asumir cargos de poder en cualquier municipio de Yucatán.
Este proceso de reforma tiene el potencial de transformar la forma en que se eligen a los funcionarios públicos, promoviendo una cultura de respeto y equidad en todas las instituciones gubernamentales del estado. Además, es una respuesta directa a la creciente necesidad de erradicar la violencia de género y garantizar un ambiente de respeto y justicia para las mujeres.
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Un esfuerzo con impacto nacional: la Ley 3 de 3
Cecilia Patrón no es nueva en su lucha por la protección de los derechos de las mujeres. Como diputada federal, Patrón impulsó la Ley 3 de 3 en el Congreso de la Unión, una iniciativa clave para garantizar que personas con antecedentes de violencia de género, abuso infantil o deudas alimentarias no pudieran ocupar cargos públicos en todo el país. Gracias a su esfuerzo y al apoyo del colectivo de mujeres “Todas México”, Yucatán se convirtió en el primer estado en contar con esta legislación, lo que representa un avance histórico en la protección de los derechos de las mujeres a nivel nacional.
La alcaldesa destacó que la Ley 3 de 3 es un paso fundamental para garantizar que las personas que ocupen cargos públicos estén comprometidas con el bienestar de la sociedad, y no con prácticas que perpetúan la violencia y la discriminación.
Mérida marca el camino con la Ley 3 de 3 en el Reglamento de la Administración Pública Municipal
Mérida continúa marcando el camino hacia la construcción de un municipio más justo e igualitario, al ser pionera en la aplicación de la Ley 3 de 3 en el Reglamento de la Administración Pública Municipal. Con esta iniciativa, la ciudad refuerza la lucha contra la violencia de género y promueve un entorno más seguro y respetuoso para las mujeres y niñas.
“No toleraremos a quienes han incumplido sus responsabilidades familiares o han ejercido violencia contra mujeres, niñas y adolescentes”, afirmó con firmeza la alcaldesa Cecilia Patrón.
Esta postura refleja la determinación de la administración de Mérida por implementar políticas públicas que no solo promuevan la igualdad, sino que también garanticen la seguridad y el bienestar de todas las personas, en especial de las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia.
